lunes, diciembre 19, 2011

19 y 20 DE DICIEMBRE, LA LUCHA CONTINUA


El 19 y 20 de diciembre de 2001 una profunda crisis económica y política hizo temblar a nuestro país.
Basta con recordar que en una semana hubo 5 presidentes.
No son pocos los antecedentes que existen en el mundo y en particular en Indo-América, del derrumbe de gobiernos que se decían “progresistas”, pero terminaron aplicando o dando continuidad a políticas neoliberales bajo las órdenes del FMI y al servicio de las corporaciones internacionales y locales.
Estalló así una rebelión popular que se venía gestando al calor de estas políticas de desocupación, miseria y hambre. Asimismo, el dedo acusatorio del pueblo señaló especialmente a los políticos corruptos y a los banqueros, que a través del llamado “corralito” se quedaron hasta con los ahorros de la gente.
El éxito inmediato de este levantamiento se explica por la confluencia en las luchas de todos los sectores de la población golpeada por un duro ajuste. Esta convergencia de los trabajadores (aunque la CGT y la CTA le dieron la espalda), los desempleados, la clase media y la juventud, liquidó en 48 horas a los Cavallo y De La Rúa, dignos representantes de una espuria Alianza.
Lamentablemente la sangrienta represión, habiéndose decretado el estado de sitio, cobró más de 35 compañeros asesinados, pero no pudo contener tanta indignación, y las calles fueron cubiertas por multitudes bajo la consigna “que se vayan todos”, como signo de una realidad que no estaban dispuestos a seguir aceptando, y sin duda, marcando un hito inolvidable en la historia de las luchas populares. Dieron a la vez acta de nacimiento a las asambleas populares, valiosa experiencia a tener muy en cuenta para futuros intentos de construcción de poder popular.
Por cierto que es necesario reconocer que por la falta de un proyecto transformador y la creación de una fuerza alternativa capaz de llevarlo a cabo, se abrió la posibilidad de que el poder dominante recuperara su cuestionada hegemonía.
El gobierno kirchnerista fue el que más comprendió que la crisis del 2001 no estaba terminada y que para lograr mantener la “gobernabilidad” era imprescindible implementar las conocidas políticas gatopardistas: Cambiar algo para que todo siga igual, es decir ceder algo para no perderlo todo.
Claro que al no solucionar los problemas de fondo, el círculo se está otra vez cerrando, con el agravante de estar sumidos en la actualidad en un mundo acosado por una de las peores crisis capitalistas. Por lo tanto, los luchadores populares estamos nuevamente ante el desafío de plantear una salida de dicha crisis, impidiendo como se pretende, que la paguen los pueblos, como ya se lo intenta con el tarifazo que se nos viene, acompañado por intentar negar el derecho de huelga y por el proyecto de una nueva ley antiterrorista, directamente dirigida a criminalizar la protesta social, tal como lo exigen los grupos financieros internacionales, para “invertir en un país seguro”.
Por todo lo expresado, adherimos a la marcha y el acto del próximo 20 de diciembre, promoviendo para el debate colectivo, un programa mínimo, a fin de contribuir desde nuestro humilde lugar a la construcción concreta de un fuerte movimiento o frente de los trabajadores y demás sectores populares (partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones anti-burocráticas, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios y campesinos pobres, culturales, etc..), única forma posible de ir cambiando la desfavorable relación de fuerzas y poder caminar decididamente hacia la edificación de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, socialista.
No al pago de la ilegal y fraudulenta deuda externa
Inmediato aumento de jubilaciones y salarios, teniendo en cuenta el real costo de la canasta familiar. Establecer el 82% móvil para los jubilados.
Derogación del IVA para los productos de la canasta familiar.
No al trabajo en negro y todo tipo de trabajo precario. Respeto a la jornada de 8 horas y su disminución a 7 horas, a fin de ir eliminando la desocupación.
Reestatización de las empresas privatizadas, bajo la dirección y control de los trabajadores.
Derecho a la salud y la educación para todos, con un considerable aumento del presupuesto en estos rubros
Recuperación de nuestras riquezas naturales y establecimiento de medidas estatales para el cuidado del medio ambiente. No a ala minería a cielo abierto.
Realización de una profunda reforma agraria. Inmediata ayuda a los campesinos pobres y a los pueblos originarios, comenzando por detener el desalojo y robo de sus tierras, asesinando incluso a varios luchadores. No a la llamada Ley de Tierras, porque no existe ninguna diferencia en que la tierra esté en manos de los explotadores de la gran burguesía agraria local o internacional.
Repudio a toda ley antiterrorista, que busca judicializar la protesta social. Libertad y desprocesamiento a todos los luchadores populares.
Aparición con vida del compañero Julio López y de Luciano Arruga.

Colectivo Avanzar, por la Unidad del Pueblo

martes, diciembre 13, 2011

Entregar a Julián Conrado no sólo sería una acción ilegal, sino inmoral

(Kaos en la Red)
¿Julián Conrado correrá el mismo destino que Joaquín Pérez Becerra?
Conversamos desde los calabozos del DIM con el cantor esperanzado, “porque un revolucionario siempre está henchido de fe”.


Indira Carpio Olivo y Ernesto J. Navarro (*)

Julian Conrado/ Imagen cortesía de Colectivo Que no calle el cantor


ENTREVISTA al cantor del pueblo Julián Conrado

Nació como Guillermo Enrique Torres Cueter, también le gritan “zambo”, “guajiro”, “cantor”, pero su nombre de guerra es Julián Conrado. Este trovador del canto nuestroamericano ha sido capturado y privado de libertad en tierras de Bolívar, en la Barinas que vio nacer a Hugo Chávez, el último día del mes del natalicio de Marx y Bakunin: el 31 de mayo de 2011.
Tenía 56 años de edad cuando fue apresado. Cumplió los 57, el 17 de agosto de 2011.
Un comando colombo-venezolano lo secuestró, esposó y vendó sus ojos durante 7 días. De repente apareció en la Dirección de Inteligencia Militar -DIM- en Caracas, Venezuela.
Las preguntas que caben para descifrar ese momento son irrespondibles ¿Por qué después de capturado no es trasladado a Colombia directamente, siendo requerido en el Estado Colombiano por el “delito” de cantar (1) y estando en la frontera con ese país? ¿Qué sucede cuando lo desaparecen? ¿Quieren involucrar a Venezuela con otro falso positivo? ¿Qué negociaciones se jugaron con la captura del cantor?
Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$ 2,5 millones por la cabeza de Conrado. La Interpol lo solicitaba desde 2002 por delitos menores y de opcional cumplimiento. Lo cierto es que captores e informantes serán premiados por el gobierno colombiano con una jugosa cantidad de los verdes (2).
Mientras eso sucede, en el canal youtube de TeleSur califican como “delincuente” y lo asciende al rango de “jefe guerrillero” al cantor necesario (3).
El 1 de junio, cuando las autoridades venezolanas se pronunciaron al respecto en un comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia (4) lo hacen bajo los términos de la Interpol.
Se trata de la misma organización que sancionó a funcionarios venezolanos relacionándolos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo -Farc EP- (5), la misma que ha sido criticada por el propio presidente Hugo Chávez.
La misma Interpol a la que todavía Venezuela se suscribe, es la misma que eliminó la alerta roja de los banqueros que estafaron a buena parte de los venezolanos, esa Interpol es la que ahora rige los destinos de un revolucionario ¿Contradictorio?
Según las actas de captura y detención, Conrado habría sido capturado entre los días 4 y 5 de junio, pero Hugo Chávez y Juan Manuel Santos se manifestaron al respecto el primer día de ese mes.
Julián, lleva seis meses detenido ilegalmente, debido a que las cláusulas de su detención no encuentran asidero legal para privarlo de libertad. Hace cuatro meses venció el plazo de solicitud de extradición legal por parte de Estado colombiano. En Venezuela la fiscalía no le imputa ningún delito.
Entonces es pública y notoria la situación de complicidad e ilegalidad entre “autoridades” colombianas y venezolanas para mantener tras las rejas el canto revolucionario de Julián Conrado, quien además presenta un cuadro de salud en franco deterioro.
Debido al reestablecimiento de las relaciones políticas y económicas entre los Estados venezolano y colombiano “nuestro nuevo mejor amigo”, la opción legal según la propia Convención de Ginebra sería que Venezuela enviase a Conrado a un tercer país neutral y, según la propia Convención contra la tortura, no debe ser entregado al Estado colombiano.
La audiencia para el caso de Guillermo Enrique Torres Cueter, del 24 de noviembre e 2011, ante el Tribunal Supremo de Justicia se suspendió. Aun y sin nueva fecha para la presentación ante el juzgado mayor venezolano, los abogados de Conrado tampoco reciben información sobre la solicitud de asilo entregada y recibida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, elevada a este organismo el día 5 de agosto de 2011.
¿Julián Conrado correrá el mismo destino que el compañero Joaquín Pérez Becerra?
Gracias al también cantor, Alí Manaure, logramos conversar telefónicamente desde los calabozos del DIM con el revolucionario, quien asegura no perder las esperanzas en los hombres de Bolívar “porque un revolucionario siempre está henchido de fe”.




-Hola camarada ¿Cómo está?
JC: Hola compas, llevándola aquí...

-Nos dijeron que estaba enfermo, que tenía un problema en la próstata...
JC: ...Si, desde hace algún tiempo padezco de eso. Es una de las razones por la que estaba por acá, tratando de hacerme un chequeo médico con especialistas. Pero por ahora se truncó eso.

-¿Le ha atendido algún médico dentro de la cárcel?
JC: Si. Pero para un dolorcito de cabeza. Pero para esas cuestiones más graves, no. No sólo debo revisar la próstata, sino otras cosas, que se han afectado por las situaciones que he vivido. Ahora que estoy leyendo e investigando, he descubierto que unos calores, unas fiebres que me dan por las tardes pueden haberse originado a consecuencia de diversos bombardeos a los que he estado expuesto. Claro, eso debe ser investigado por un especialista.
Pero he descubierto que hay bombas que no sólo llevan esquirlas para destrozar cosas, sino que llevan sustancias químicas que, con el tiempo, resultan para la personas en enfermedades extrañas.

-Tenemos entendido que fue capturado el 31 de mayo y le desaparecieron durante una semana ¿Qué ocurrió en ese momento en el que no habían señas de su paradero?

JC: Eso se tuvo que decir en el tribunal. Yo soy capturado el 31 de mayo y permanezco 6 ó 7 días totalmente incomunicado, vendado y esposado, esperando quién sabe qué cosa. Se publicó una foto mía en la prensa colombiana, foto que me tomó uno de mis captores, es entonces cuando algunos amigos se dan cuenta de mi retención y desata una campaña que es la que hace que cambie un poco mi situación.
Porque mi caso depende es de eso, de la solidaridad, del amor, del cariño que me puedan brindar aquí, a nivel nacional e internacional. Porque desde el punto de vista jurídico, si se habla de una extradición a Colombia o a EEUU no es procedente, jurídicamente sería imposible.

-¿Es por eso que no lo han extraditado?
JC: Si, si, porque jurídicamente no hay cómo. A mí me protegen acuerdos, tratados, leyes internacionales y las propias de Venezuela.
Venezuela ha suscrito unos convenios, acuerdos firmados que no le permiten extraditar a una persona a un país donde corra peligro su vida. Incluso dicen que ni aun cometiendo delitos comunes con fines políticos, se puede extraditar a la persona (6).

-Exactamente, ¿qué viviste durante todos esos días cuando te desaparecieron?
JC: Yo todo el tiempo canté... canté mi canto revolucionario. Porque a los detenidos se les dice que canten y bueno cuando me dicen que cante, yo canto mi canción revolucionaria.

-De hecho ese es el expediente por el que lo buscan en Colombia, por cantar...
JC: Si, por eso es. Además tengo entendido que las acusaciones que me hacen del lado de Colombia, la principal es esa, porque canto. Porque mi delito principal es ser cantor del pueblo y no de ahora, sino de toda la vida.
A mi me declaran objetivo militar en Colombia precisamente por cantar.
A mí cuando me llevan a la cárcel el 11 de septiembre 1973 es precisamente por cantar en un acto de protesta contra el golpe militar en Chile, yo estaba cantando.
Cuando me hacen un atentado a tiros era porque estaba en un acto cultural en el año 1979 que se desarrollaba en solidaridad con la Revolución Sandinista.
Y bueno, ese ha sido el problema mío de siempre, cantar.
Si a mi me extraditan me pasará como en la canción de Silvio Rodríguez, El necio: “machacarán mis manos y mi boca, cuando la revolución se venga abajo, que me arrancarán los ojos y el badajo”. Pero yo hice una canción para responder a esa situación “Yo moriré cantando”. Porque el canto mío no es mío propiamente, sino la expresión de un pueblo a través de mí.
Yo lo que canto es un grito de paz, con justicia y amor para la humanidad.
El concepto de la victoria revolucionaria ha venido creciendo, porque ya ni siquiera se trata de luchar por tratar de salvar un pueblo, un país, el concepto ahora yo entiendo es de luchar para salvar la humanidad, para la salvación del planeta y a eso últimamente se refiere mi canto.
Yo lucho con mi arma principal de combate: mi canto. Ese es mi oficio.

-Ese mensaje también lo lleva en su pluma y en su boca el comandante Fidel Castro, amigo del pueblo y del gobierno venezolano. Entonces ¿cómo es posible apresar en la tierra de la Revolución bolivariana a Julián Conrado, por decir exactamente lo mismo?
JC: Esas son las cosas que confunden a mucha gente que dice no entenderlo. Mi canto es bolivariano y vine a la Revolución bolivariana a buscar refugio y atención médica.
En una carta que yo le envié al Comandante Chávez (7) yo le escribí eso, que yo soy un cantor que nació en un pueblo que se llama Turbaco, que está pegado a Cartagena, la ciudad a donde va Bolívar cuando es derrotado en Puerto Cabello, Venezuela. Allá los cartageneros reciben al libertador con los brazos y el corazón abierto y lo que hacen es brindarle toda la solidaridad, ayuda y el amor patriota que respira la gente de mi tierra.
Entonces yo le digo a él ¿qué tal si Bolívar lo hubiesen detenido y apresado al igual que a mí?
Yo vine acá en unas condiciones de salud bastante fregadas. Mi salud está bastante deteriorada. Y yo no necesito inventarme enfermedades, porque algunas personalidades del Estado colombiano están tratando de insinuar que yo invento problemas de salud. Pero qué necesidad tendría yo de hacer eso.
Una persona como yo, que hay sufrido tantos ametrallamientos, bombardeos, tantas enfermedades mal curadas en la selva durante 28 años, no tengo necesidad de inventar. Una persona que haya vivido en esas circunstancias tantos años tiene que sufrir algún problema de salud.

-Tenemos entendido que a ti te detiene un comando colombo-venezolano. En tu opinión ¿por qué te trasladan a Caracas y no a Colombia, estando incluso más cerca?
JC: No lo se. Lo de la acción conjunta lo dicen del lado colombiano, lo dice la prensa, básicamente. Pero uno deduce por el lenguaje otra cosa, es decir por los términos que no son propiamente venezolanos, términos incluso soeces que no son propios de los venezolanos.
Pero la confirmación viene de otro lado. Incluso el presidente Santos es quien lo confirma.

-Pero, ¿por qué no te llevan directamente a Colombia?
JC: No sé, tantas hipótesis que pueden surgir alrededor de mi captura que sería aventurar una afirmación al respecto. Realmente a mí me capturan aquí.
Conmigo se confunden y creen que soy yo o que no soy yo, mientras toman huellas y verifican mi identidad, es en ese espacio de tiempo es que la prensa colombiana muestra la foto mía capturado.
Esa es otra cosa, la foto mía la saca la prensa colombiana, pero la toma uno de mis captores en Venezuela. Eso da mucho que pensar ¿no crees tú?
Como dicen en mi tierra, blanco es, frito se come y la gallina lo pone.

-La alerta roja de Interpol emitida en 2002, base para ser buscado por el Departamento de Estado de EEUU con una recompensa millonaria (8) y fundamento para su captura en Venezuela, le ubica en una provincia equidistante a la que realmente habitaba. Además le endilga la lesión de dos soldados colombianos ¿Qué puede decirnos al respecto?
JC: Ah, eso no es así. Yo no he mirado bien eso. Porque realmente es una mentira. La acusación que se me hace es de una acción militar guerrillera que se hace en un pueblo ubicado al norte de Colombia y cuando esa acción sucede yo estaba en el sur de Colombia. Es decir de polo a polo.
Estábamos en los diálogos de San Vicente del Caguán con el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Entonces, allí la mentira se cae solita, porque no corresponde ni el tiempo ni el espacio.
Haciendo un análisis esa acusación es algo que no tiene ni son, ni ton.

-Según algunos miembros de los colectivos que le defienden (Fundalatin, Que no calle el cantor) a usted se le aplicó métodos de tortura ¿Podría usted hablarnos de esa situación?
JC: Ellos se refieren a eso porque yo estuve vendado y esposado durante 7 días ¿Qué más?

-Asimismo argumentan que no se le deja ver el sol, sino cada 20 ó 30 días
JC: Es lo normal acá, donde yo estoy. Así es.

-¿Qué le pedirías a la justicia venezolana?
JC: Que se cumplan con los acuerdo, leyes y tratados internacionales que me protegen y lo que corresponde es la libertad y el asilo político. Dentro del marco de lo legal eso sería lo lógico: la libertad y el asilo político. O que me remitan a un tercer país que sea neutral, pues. Eso es lo único que se puede hacer.

-¿Le han dicho a usted por qué se le captura?
JC: NO. Porque acá en Venezuela no he cometido ningún delito. Dicen que porque hay una solicitud de Interpol, una alerta roja. Es por lo único. Más no me han dicho. El fiscal lo que ha dicho es eso.
Realmente todos los plazos se cumplieron. Legalmente eso tiene un enredo muy grande. Eso no lo entiende nadie desde el punto de vista jurídico.
Mi situación se puede resolver con una decisión política. No más.
Más que abogados, yo necesito de la solidaridad nacional e internacional.
Tiene que notarse más la solidaridad para que el gobierno que tome la decisión se sienta apoyado por ese movimiento.

-¿Pierde Julián las esperanzas?
JC: No, no. Nunca pierdo las esperanzas. Yo he vivido situaciones en las que me ha tocado despedirme de la vida varias veces. Si. Y me he despedido de la vida sin perder la esperanza.
La esperanza y el sueño que albergo no terminan en mí. Nosotros los revolucionarios no terminamos en nosotros mismos.
Pase lo que pase conmigo no hay que perder la esperanza. Eso es algo propio de los revolucionarios.

-Hablando de eso y de acuerdo a tu conocimiento del conflicto colombiano, ¿cómo cree usted que asimilan las FARC la pérdida de Alfonso Cano?
JC: En Colombia hay una guerra.
Yo recordaba hace días que en la guerra de independencia murieron muchos los líderes patriotas importantes. Cuando Cartagena lanza el grito de independencia, todos los líderes fueron asesinados, todos.
Porque Pablo Morillo cerca a Cartagena más de 100 días. Tres cuartas partes de la población mueren y cuando él entra en la ciudad fusila a los que quedaron vivos. Sin embargo, la lucha terminó con la victoria de los patriotas.
Lo que uno si puede decir en el caso concreto del camarada Alfonso Cano es que asesinaron a alguien que tenía puesto todos sus sentimientos en la búsqueda de una solución política del conflicto en Colombia.
Todos los revolucionarios en Colombia, absolutamente todos, estamos buscando la solución política al conflicto. La bandera de la paz no es una bandera nueva. Con el asesinato de Alfonso se le dio fue un golpe a la paz.
El camarada Alfonso se convierte en una antorcha de luz infinita para iluminar el camino de todos los que estamos en esa lucha por la búsqueda de la paz con justicia y con amor, porque es que nosotros cuando hablamos de paz no lo hacemos en términos generales, porque eso no existe.
Hablamos de una paz con justicia y con amor, que sea para todos, que beneficie a todos, empezando por resolver el conflicto para los pobres de la tierra.

-En base a lo que nos está diciendo y en su opinión ¿quiere el gobierno colombiano la paz para Colombia?
JC: Todo parece indicar que no. Lo último que escuché decir es que “si quieren ayudar no hagan nada”. Eso lo dice todo.

(AL FONDO SE ESCUCHA UN GRITO: “Eso es para que hablen todos”)

-Precisamente por haberlo dicho Santos en la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- ¿Podemos esperar que las relaciones colombo venezolanas trasciendan lo meramente comercial?
JC: ¿Quién sabe? No me atrevo a decirlo. Pero lo que si hay es una esperanza muy grande en que se concrete el sueño de Bolívar, que es la unidad latinoamericana y caribeña, para configurar una gran nación de repúblicas.
Pienso que eso es difícil por que hay muchos intereses encontrados, pero ahí está el sueño listo para volverlo realidad.
Miren acá nosotros tenemos un tiempo para hablar. Hay otros compañeros que tienen que usar el teléfono.

-Si, esta es la última pregunta ¿Cuál sería su suerte si es enviado a Colombia?
JC: Eso es imposible jurídicamente, y moralmente más imposible todavía.
Yo le hice una notica a Residente de Calle 13 (9), en la que le digo que en caso tal de que eso suceda, porque la fuerza del terror imperial se imponga a la solidaridad, el amor y la ternura y se violen todos los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela y sus propias leyes, si todo eso sucede, lo que me espera es la tortura y la muerte, como a todos los prisioneros políticos en Colombia.

-Mucha fuerza hermano... que llegue la fortaleza del pueblo que te acompaña y no te abandona
JC: Vaya un abrazo amoroso. Y que todo sea por la paz, con justicia y con amor.
Amando venceremos.

-¡Venceremos!

Nota de los autores: Estamos convencidos de que la crítica y la autocrítica son necesarias para el avance de la revolución. Con ese espíritu está hecho este trabajo periodístico. NO AUTORIZAMOS A NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO, BURGUÉS, CAPITALISTA, DE DERECHA, A REPRODUCIR ESTA INFORMACIÓN, NI TOTAL NI PARCIALMENTE.
(*) Periodistas intragables
indiracarpio@gmail.com / @icarpio/ navarroernestoj@gmail.com / @ernestojnavarro
Para ampliar informaciones:
(1) ¿Avalará Venezuela que el canto sea punible? http://www.kaosenlared.net/noticia/193480/julian-conrado-6-meses-detenido-ilegalmente-avalara-venezuela-canto-se
(2) Pagarán recompensa por captura de Julián Conrado, en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9510885.html
(3) TeleSUR califica como “delincuente” y como “Jefe” guerrillero al cantor cuando es harto conocido que el Estado colombiano quiere hacer ver fraudulentamente que Julián Conrado pertenece al Estado mayor de las FARC-EP:
Captura Venezuela a delincuente requerido por Colombia, en: http://www.youtube.com/user/telesurtv?feature=watch#p/search/1/ScRlpH8NL7Q
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a Venezuela la detención del jefe guerrillero de las Farc, Guillermo Enrique Torres Cueter, alias "Julián Conrado". Telesur, en: http://multimedia.telesurtv.net/1/6/2011/36854/santos-agradece-a-venezuela-la-detencion-de-julian-conrado/

lunes, diciembre 05, 2011

CADEP - COMUNICADO DE PRENSA

NUEVA LEY ANTITERRORISTA. UNA NORMA PARA REPRIMIR AL PUEBLO Y SUS LUCHAS
Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.
Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.
La ley antiterrorista vigente
En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el “terrorismo”, ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. “Terroristas” son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, “terroristas” son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, “terroristas” son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.
La “Ley Antiterrorista” sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorismo” a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.
En primer lugar, ley sancionada en el 2007 agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las “asociaciones ilícitas terroristas”, definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta “asociación ilícita terrorista” resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere además que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.
El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner
El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.
Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto “aterroriza a la población.” No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.
Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.
Este nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.
Por ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de 10 a 30 años de prisión.
Además, este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de protesta y además de catalogarlas de terroristas.
Resulta evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley,.
Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el “financiamiento” aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de “terrorismo” ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.
Una ley al servicio del imperialismo
Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de “terroristas” para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.
Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un “terrorista” a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los “terroristas” a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos financieros internacionales.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.
No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de “terrorismo”, se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.
En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.
Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.
¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!
¡BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
CONTACTOS:
Martín Alderete 1154992811
Omar Dib 1151072232

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
"Los derechos humanos son los derechos que tiene el pueblo a hacer la revolución"
León "Toto" Zimerman

Prensa Avanzar Nº13